La discusión por la ley de medios audiovisuales que impulsó el kirchnerismo a fines del año pasado llegará definitivamente a la Corte Suprema. Así lo confirmó ayer el Gobierno, en respuesta al fallo de la Cámara Federal de Mendoza, que confirmó la suspensión de todo el texto legal que había dispuesto una jueza de primera instancia.
El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, consideró que el fallo judicial es "de extrema gravedad" y denunció que "responde funcionalmente a los intereses del grupo monopólico Clarín". Y puntualizó que la Casa Rosada está "trabajando firme para apelar ante la Corte Suprema de Justicia".
Opinó Mariotto que la decisión de la justicia mendocina "inmoviliza y le pone un yeso" a la norma, y consideró que hay "grupos concentrados que no quieren una ley de la democracia y buscan que vuelva la de la dictadura".
La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza había ratificado anteayer una medida de la jueza Olga Pura de Arrabal, al considerar que "aparecen vicios de ilegitimidad, arbitrariedad y gravedad institucional" en el proceso de sanción de la ley, en octubre pasado. Le dio la razón a un planteo del diputado nacional por el peronismo disidente Enrique Thomas.
"Cuando se instaló el debate de esta ley, comenzaron una serie de descalificaciones para que no se discutiera y no se sancionara, y ahora esas descalificaciones se hacen en estrados judiciales. Estoy conmovido con lo que está pasando", se quejó Mariotto, que fue uno de los principales promotores de la ley.
Mariotto insistió en que la sentencia se logró por "una interpretación caprichosa". De inmediato criticó: "Se instala una derogación de la ley, porque tiene un efecto suspensivo en la totalidad de los artículos. La inmoviliza y entonces no se puede aplicar."
En cambio, ningún funcionario del Gobierno quiso pronunciarse sobre la denuncia de presiones y amenazas que hizo el camarista Otilio Romano. Tal como informó ayer LA NACION, Romano había identificado a grupos kirchneristas defensores de los derechos humanos como autores de las intimidaciones.
Esas denuncias se conocieron horas después del fallo, en el que la Cámara mendocina expresó su consejo de "mantener el estado de suspensión en la aplicación y actos de ejecución del referido texto legal mientras se sustancia el principal", es decir, la supuesta inconstitucionalidad de la norma señalada por Thomas.
Polémica sanción
De todas formas, indicó la Cámara, su medida no está vinculada con el fondo de la cuestión, que es el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la ley. Por lo tanto, igual que la sentencia que había dictado anteriormente la jueza Arrabal, no cuestiona los artículos de la ley que generaron más controversia, como por ejemplo el plazo perentorio de desinversión de un año para que los grupos de medios vendan los canales y radios.
Lo que cuestionan los jueces son vicios en el origen de la ley, en el momento de su sanción. El tribunal señala que el diputado Thomas estuvo legitimado para demandar porque los diputados estuvieron imposibilitados de actuar en el Congreso en defensa de los representados que los eligieron. "Se cercenó el ejercicio efectivo de su función parlamentaria con procedimientos irregulares", dice el texto. Se señala que los diputados tuvieron que expedirse en el recinto sin haber tenido tiempo para estudiar el proyecto, de más de 160 artículos.
Para Mariotto, ese argumento "está traído de los pelos", y una excusa para favorecer a los grandes grupos de medios.
Desde octubre, cuatro jueces federales dictaron medidas cautelares y suspendieron la vigencia de toda la norma o de algunos de sus artículos, según los casos.
DIXIT
"Es de extrema gravedad el fallo de Mendoza. Responde a intereses de los grupos monopólicos"
"Estoy conmovido. Pero vamos a trabajar firmemente en la apelación ante la Corte Suprema"
El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, consideró que el fallo judicial es "de extrema gravedad" y denunció que "responde funcionalmente a los intereses del grupo monopólico Clarín". Y puntualizó que la Casa Rosada está "trabajando firme para apelar ante la Corte Suprema de Justicia".
Opinó Mariotto que la decisión de la justicia mendocina "inmoviliza y le pone un yeso" a la norma, y consideró que hay "grupos concentrados que no quieren una ley de la democracia y buscan que vuelva la de la dictadura".
La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza había ratificado anteayer una medida de la jueza Olga Pura de Arrabal, al considerar que "aparecen vicios de ilegitimidad, arbitrariedad y gravedad institucional" en el proceso de sanción de la ley, en octubre pasado. Le dio la razón a un planteo del diputado nacional por el peronismo disidente Enrique Thomas.
"Cuando se instaló el debate de esta ley, comenzaron una serie de descalificaciones para que no se discutiera y no se sancionara, y ahora esas descalificaciones se hacen en estrados judiciales. Estoy conmovido con lo que está pasando", se quejó Mariotto, que fue uno de los principales promotores de la ley.
Mariotto insistió en que la sentencia se logró por "una interpretación caprichosa". De inmediato criticó: "Se instala una derogación de la ley, porque tiene un efecto suspensivo en la totalidad de los artículos. La inmoviliza y entonces no se puede aplicar."
En cambio, ningún funcionario del Gobierno quiso pronunciarse sobre la denuncia de presiones y amenazas que hizo el camarista Otilio Romano. Tal como informó ayer LA NACION, Romano había identificado a grupos kirchneristas defensores de los derechos humanos como autores de las intimidaciones.
Esas denuncias se conocieron horas después del fallo, en el que la Cámara mendocina expresó su consejo de "mantener el estado de suspensión en la aplicación y actos de ejecución del referido texto legal mientras se sustancia el principal", es decir, la supuesta inconstitucionalidad de la norma señalada por Thomas.
Polémica sanción
De todas formas, indicó la Cámara, su medida no está vinculada con el fondo de la cuestión, que es el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la ley. Por lo tanto, igual que la sentencia que había dictado anteriormente la jueza Arrabal, no cuestiona los artículos de la ley que generaron más controversia, como por ejemplo el plazo perentorio de desinversión de un año para que los grupos de medios vendan los canales y radios.
Lo que cuestionan los jueces son vicios en el origen de la ley, en el momento de su sanción. El tribunal señala que el diputado Thomas estuvo legitimado para demandar porque los diputados estuvieron imposibilitados de actuar en el Congreso en defensa de los representados que los eligieron. "Se cercenó el ejercicio efectivo de su función parlamentaria con procedimientos irregulares", dice el texto. Se señala que los diputados tuvieron que expedirse en el recinto sin haber tenido tiempo para estudiar el proyecto, de más de 160 artículos.
Para Mariotto, ese argumento "está traído de los pelos", y una excusa para favorecer a los grandes grupos de medios.
Desde octubre, cuatro jueces federales dictaron medidas cautelares y suspendieron la vigencia de toda la norma o de algunos de sus artículos, según los casos.
DIXIT
"Es de extrema gravedad el fallo de Mendoza. Responde a intereses de los grupos monopólicos"
"Estoy conmovido. Pero vamos a trabajar firmemente en la apelación ante la Corte Suprema"
diario La Nacion
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